La Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPFF) emitió hoy el siguiente comunicado sobre el supuesto Proyecto de Ley Senatorial de Fronteras, H.R. 815, cuyo texto fue publicado anoche:
“Este proyecto de ley no contribuye en absoluto a asegurar nuestra frontera y, si se aprueba, lograría la increíble hazaña de empeorarla aún más”, dijo Greg Sindelar, director ejecutivo de TPPF. “Desde empoderar a los ejecutivos menos confiables del régimen de Biden para que hagan aún más daño a nuestro país, hasta facilitar fondos para regímenes extranjeros corruptos y establecer una nueva y catastrófica base de referencia para la crisis fronteriza, la H.R. 815 se propone infligir tanto daño como sea posible a Estados Unidos como se refleja en trescientas setenta páginas de legislación. Es perjudicial para Estados Unidos, para Texas y para millones de víctimas de la trata de personas en nuestra frontera. Nos oponemos firmemente a ello”.
“El proyecto de ley fronteriza del Senado distorsiona fundamentalmente la naturaleza de la crisis fronteriza y, por lo tanto, no puede brindar una solución”, dijo Carine Martínez, directora de la campana ‘Frontera Segura y Soberana’ de TPPF. “Lo que tenemos en nuestra frontera sur es una crisis creada por un estado mexicano que coopera abiertamente con sus propios cárteles criminales, traficando a seres humanos por millones, y tenemos a un gobierno estadounidense que continuamente evade su deber constitucional. La solución no está en H.R. 815, lo que empeoraría considerablemente la situación. La solución está en abordar directamente esas dos causas. Necesitamos ser firmes con México y también con Washington D.C.”.
“Si Washington, D.C. realmente quiere resolver la crisis fronteriza, entonces los texanos tienen una solución”, dijo Joshua Treviño, jefe de Inteligencia e Investigación de TPPF. “No requiere una ley de cientos de páginas. Nuestra solución se resume en tan solo cinco palabras: apártate de nuestro camino”.
SINOPSIS DE TPPF DEL PROYECTO DE LEY FRONTERIZO DEL SENADO:
- El proyecto de ley contiene una supuesta “autoridad de emergencia fronteriza” que en realidad permite la entrada de alrededor de 1,3 millones de extranjeros ilegales identificados anualmente y, por lo tanto, probablemente varios millones más no identificados.
- Además, el proyecto de ley limita su propia “autoridad de emergencia fronteriza” a través de varios mecanismos:
- Permitiendo que cualquier funcionario de inmigración exima unilateralmente y sin revisión a cualquier cantidad de extranjeros ilegales del conteo que activaría la autoridad.
- Eximiendo a los extranjeros ilegales de “países no contiguos” del conteo que activaría la autoridad.
- Efectivamente suspendiendo su activación durante tres años mediante una limitación arbitraria del número de días por año en que se puede invocar la emergencia.
- Permitiendo al Presidente suspender unilateralmente y sin royecto cualquier invocación de una emergencia fronteriza.
- El proyecto de ley otorga más de 2.300 millones de dólares a ONGs que, ya sea conscientemente o no, han contribuido a la crisis fronteriza y los cárteles detrás de ella.
- El proyecto de ley muestra falta de comprensión del vínculo entre el estado mexicano y los cárteles que están creando la invasión en nuestra frontera sur.
- El proyecto de ley financia actividades diplomáticas a nombre de Ucrania e Israel, pero no aborda su propia crisis fronteriza de Estados Unidos.
- El proyecto de ley asigna cientos de millones de dólares en fondos discrecionales e irresponsables para que el presidente Biden los entregue a gobiernos extranjeros corruptos que son cómplices de la crisis fronteriza.
- El proyecto de ley proporciona un cheque en blanco para que el secretario del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de la administración Biden libere a extranjeros ilegales tras una declaración de intención de buscar asilo, eliminando el requisito de una solitud de asilo real.
- El proyecto de ley carece de una supervisión significativa para los extranjeros ilegales que son liberados en los Estados Unidos.
- El proyecto de ley pretende reformar el sistema fallido de solicitudes de asilo, pero en realidad no lo logra.